Un diccionario latinoamericano de la lengua española plantea un problema ya en el nombre. La lengua de quién, de quién es el diccionario. Un doble gentilicio, un régimen de propiedad compartido para un proyecto que, además, y a tono con los tiempos, plantea una apertura peculiar, una autoría plural y una intervención de los lectores que lo hacen más acorde a las formas de circular la lengua escrita en el siglo XXI. En ese sentido, el ranking de las palabras que más definiciones reciben al día de la fecha (2 de julio de 2015) puede dar la impresión en primer lugar de cierto gusto por la impropiedad: pedo, chino, aparato, careta, pancho, garca, puto, paja, afano, cachar. Su contrario, la llamada “propiedad del lenguaje”, el hablar o expresarse “con propiedad”, puede referir a cierta adecuación pragmática de la expresión a su contexto de uso, o a la norma aceptada como vigente en un medio social dado. La forma propia de una expresión determinada aparece entonces, según el caso, como aquella provista de mayor legitimidad entre las variantes disponibles. La propiedad de la lengua en cuanto pertinencia de la expresión, adecuación a una norma, en muchas ocasiones se emparenta con una tradición que a grandes rasgos podemos denominar “purista” y con cierta noción de “pureza” del lenguaje. Este aspecto trae consigo habitualmente también una problematización de los usos de la lengua en cuanto a la constitución de las formas modélicas, aquellas que representan el polo de atracción de la expresión apropiada, y la mayor o menor proximidad con respecto a ellas.
El problema es tan viejo como la lengua misma, como el problema de hablar la misma lengua. No como la facultad del lenguaje, ni como su registro, ni como su tematización social en tanto objeto de discurso, sino como eso que conocemos como la misma lengua en tanto necesidad lógica y política. Lo ha observado Pierre Bourdieu (Qué significa hablar. La economía de los intercambios lingüísticos, Madrid, Akal, 2001, p. 19-20), la presuposición de una que llamemos la lengua presupone la aceptación tácita de una definición oficial históricamente situada de una forma de regulación del lenguaje como práctica social y objeto separado de esa práctica, capital simbólico asequible en un mercado necesariamente uniforme, lo que llama la “lengua oficial”, que se constituye en vinculación directa con el Estado moderno. Su modo de funcionamiento es análogo al de la ley, y su funcionamiento es el que garantiza la formación de un mercado en el cual se define el valor de cada competencia.
Digamos, entonces, si queremos ser más precisos, que el problema es tan viejo como las lenguas modernas. Porque no cualquier lengua que se hable, que se haya dejado oír en el transcurso de los tiempos modernos, es por ello una lengua moderna. Cuando hablamos de lenguas modernas, en este caso, pensamos en las lenguas asociadas a un Estado, o al menos a alguna forma de la nación que se superponga o se incluya dentro de ese estado. Lenguas visibles y viables, impresas y difundidas, con hablantes maternos y hablantes adoptivos. Para que haya propiedad, tiene que haber un régimen. Podría pensarse, en todo caso en una definición de “lenguas modernas” como aquellas que reúnen los atributos del estándar: están legisladas, pueden legislar, se fundan en modelos consolidados, consolidan modelos. Es posible que la primera de ellas haya sido la castellana, luego española. Es, al menos, la lengua oficial de la conquista, de la incorporación de esta parte del mundo a Occidente, para más de uno la condición geopolítica de posibilidad del mercado-mundo, del capitalismo, de la modernidad. Y en el mismo 1492, antes, un profesor de latín, Antonio de Nebrija, se para delante de Isabel la católica, le ofrece la primera gramática de una lengua vernácula europea, y la ofrece como instrumento para ese Estado, porque la lengua siempre ha sido compañera del imperio y si va a poner bajo su yugo a todos los pueblos que parece que va a poner, mejor que tengan con qué ir aprendiendo la lengua del amo. Que, desde luego, no es algo que vaya de suyo, no es una estrategia de dominio natural ni una política común a todas las formas del imperio. Se trata de empezar a pensar, en este caso, que el imperio consiste en dar la misma ley en todo lo que sea posible a todos los sujetos de ese poder: en el derecho, en la religión, en las costumbres, en la lengua. Un reino, una lengua. El monolingüismo aparece en el horizonte de la modernidad como sueño desmesurado de una razón absolutista que enseña otra coincidencia llamativa en el 1635, cuando la aparición de una segunda instancia de regulación y control de las prácticas lingüísticas aparece en la corte del Rey Sol, la Academie française, al mismo tiempo que se instalan las primeras colonias en Guadalupe y Martinica, sedes de la maquinaria más perversa de explotación y exterminio, que cuenta entre sus componentes esenciales la mayor desposesión lingüística en una situación inédita de contacto. Al mismo tiempo, el interés por el cuidado de la lengua corre parejo con la preocupación por su exterior. El primer documento referido al argot, a la lengua de aquellos que viven fuera de la ley (Argoter, justamente, significa en ese contexto “entregarse a la mendicidad”, profesión “la más fácil de aprender, y que sustenta a su maestro, que no paga impuesto ni tributo al rey, mejor de lo que desearíamos” (Le Jargon ou Langage de l'Argot reformé, 1628, cit. en Mathieu, Patrick. 2008. La double tradition de l'argot. Vocabulaire des marges et patrimoine linguistique, París, L'Harmattan, p. 15) es anterior a las célebres Remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire (1647) de Vaugelas. El prólogo al diccionario de la Academia francesa (1694) equipara en la dedicatoria a Luis XIV la lengua de la corte del Rey Sol con las lenguas clásicas de la antigüedad, y ve en esa perfección alcanzada la necesidad de fijarla y preservarla, de modo tal que no dependa más “del capricho y la tiranía del uso”: los académicos creían tener buenas razones para pensar que si una lengua había llegado “a ese glorioso punto de inmutabilidad”, esa era la suya. Una lengua viva que ya no depende de la tiranía del uso y alcanza un punto de inmutabilidad digno de recibir su monumento lexicográfico se convierte, entonces, en otra cosa. Las academias producen diccionarios que velan por la propiedad de su objeto. Un diccionario, una gramática, los instrumentos de codificación o regulación de una lengua, son los que la objetivan, hacen de ella una lengua muerta o una lengua extranjera. Hecho a su imagen y semejanza, el Diccionario de autoridades de 1726, primero de la RAE, establece el límite de la propiedad del lenguaje entre los legítimos depositarios de la tradición y el peligro del vulgo, dice en el prólogo:
porque con una menudissima especificación y formalissima puntualidád [el diccionario] descubre la raíz, orígen, ò mas verosimil derivación de cada vocablo: demuestra su naturaleza y propriedád, enseña su metaphórico sentído y phrases, advierte el impróprio y violento significado que le ha introducido la ignoráncia del vulgo, insinúa el menos decente en que le ha viciado su malícia, y los equívocos en que el arbítrio de su caprichosa variedád ha dividido confusamente la primitiva unívoca entereza de su significación. (Real Academia Española. 1726-1739. Diccionario de la lengua castellana, Madrid, Imprenta de Francisco Hierro. Versión digital disponible en http://web.frl.es/DA.htm)
La preocupación por la unidad de la lengua corre pareja con la unidad de la ley y la formación de un mercado: desde Carlos III, cuya real cédula prohibitiva del uso de las lenguas americanas en las misiones propone para la colonia un horizonte de monolingüismo absoluto en 1770, no lejos del Reglamento de libre comercio de 1778, que procura liberalizar el espacio del monopolio al interior de los dominios de su corona, hasta la preocupación en las jóvenes naciones americanas por emancipar o reorganizar una, la lengua.
Allí el problema se concibe en general como uno de patrimonio heredado, y como en toda familia el problema es la repartición de la herencia, la gestión del patrimonio. En 1847, Andrés Bello publica la Gramática castellana destinada al uso de los americanos, en cuyo prólogo subraya el afán de mantener la unidad de la lengua entre las clases ilustradas al menos, a fin de evitar el dominio de los “idiomas provinciales” que “oponen estorbos a la difusión de las luces, a la ejecución de las leyes, a la administración del Estado, a la unidad nacional”, dando un matiz decisivo a la relación entre lengua y Estado, que la desplaza de la inmutabilidad ambicionada por los académicos franceses al ámbito de la regularidad de un cuerpo sano como una máquina: “Una lengua es como un cuerpo viviente: su vitalidad no consiste en la constante identidad de elementos, sino en las regular uniformidad de las funciones que estos ejercen, y de que proceden la forma y la índole que distinguen al todo” (Andrés Bello. 1914 [1847]. Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, Paris, Roger & Chernovitz, viii). Lo importante, entonces, no es ya la identidad de la reliquia sino la uniformidad que garantiza el funcionamiento del sistema. En 1867 Rufino José Cuervo, quien luego pronosticará la disgregación del español en América, comienza la larga historia de sus Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano señalando que,
dejando á parte a los que trabajan por conservar la unidad religiosa, nadie hace tanto por el hermanamiento de las naciones hispanoamericanas, como los fomentadores de aquellos estudios que tienden a conservar la pureza de su idioma, destruyendo las barreras que las diferencias dialécticas oponen al comercio de las ideas. (Rufino J. Cuervo. 1867-1872. Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, Bogotá, A. M. Guarín, vi-vii)
Religión y comercio ofrecen el modelo de universalidad pretendido para el horizonte monolingüe de la civilización en lengua española.
El cuerpo de la lengua volverá a aparecer al final del siglo, cuando en distintos ámbitos comienza a discutirse el futuro de la lengua española: “Los glóbulos de sangre que llevamos, la lengua, los vínculos que nos unen a los españoles no pueden realizar la fusión. Somos otros. Aun en lo intelectual, aun en la especialidad de la literatura, el sablazo de San Martín desencuadernó un poco el diccionario, rompió un poco la gramática”, escribía Rubén Darío en 1899, aunque acto seguido aclaraba: “Esto no quita que tendamos a la unidad en el espíritu de la raza” (Zanetti, Susana. “Itinerario de las crónicas de Darío en La Nación”, en Rubén Darío en La Nación de Buenos Aires, 1892-1916, Buenos Aires, Eudeba, 2004, p. 35). De ahí en adelante, se sucederán hasta nuestros días las discusiones en torno al problema de la unidad de la lengua, que sigue pensándose como unidad de un mercado.
En el presente abundan las celebraciones del valor económico del español, y las discusiones en torno a su capitalización –a las formas posibles de su acuñación como moneda de cambio– se confunden con la celebración de la unidad en la diversidad, que es una forma de enunciar la posibilidad de un mercado de los bienes lingüísticos en el que reine la previsibilidad y la concordia cara a todo mercado, con la debida diversidad en la oferta. Es natural que editoriales y empresas de telecomunicaciones encabecen la lista de sponsors de la unidad lingüística, en tanto que ésta es la divisa de base del comercio de ideas en el que juegan sus dividendos. Es comprensible asimismo que la vanguardia diplomática del Estado español, el propio rey, se ocupe de estas formalidades, y que las disputas sigan pensándose desde el diálogo entre estados, en términos de soberanía, de sujetos capaces de llamarse soberanos. De hecho, el problema de la unidad de la lengua emerge con mayor virulencia en los momentos de crisis que afectan decididamente la configuración o repartición de un mercado, del “comercio de ideas” en la forma de la prensa o el mercado editorial, de las comunicaciones en todas sus variantes: la emancipación americana, el desastre del 98, la guerra civil, el neoliberalismo y las posdictaduras española y latinoamericana.
La unidad de la lengua presupone la unificación de un criterio, de una norma (por supuesto, en la concordia de una diversidad debidamente jerarquizada, pluricéntrica), de un régimen de propiedad que garantice la legalidad de los intercambios. Esa legalidad sigue encontrando sus garantías en los organismos de regulación y codificación autorizados, entre los que siguen contando las academias y sus ramificaciones, sus diccionarios y sus gramáticas, sus manuales y compendios de soluciones a las dudas del usuario o consumidor inseguro en el manejo de un artefacto de compleja manufactura. En ese contexto, un diccionario latinoamericano de la lengua española de base abierta como el que aquí se ha emprendido se revela como un feliz desafío a la lógica y la historia de su género. Es la mutabilidad, el valor de uso frágil y metamorfoseante de las palabras de una geografía heterogénea, el estruendo de una pluralidad de voces lo que parece anunciar la postulación de otro imposible: tomar registro de la tiranía del uso.
